El colectivo Otra Democracia Es Posible considera
necesario poner a la ciudadanía al corriente de los siguientes hechos.
En relación con el referéndum no vinculante del próximo día 20, Otra
Democracia Es Posible pide activamente votar NO al proyecto. Nos preocupan
los graves defectos sociales y económicos del proyecto pero, sobretodo,
el severo déficit democrático que comporta: ninguna institución es electa
a excepción del Parlamento Europeo, pero este muestra las graves, e inverosímiles,
carencias de iniciativa legislativa, autonomía para aprobar leyes, y competencias
en la enmienda constitucional. Todas las formas de referéndum y de iniciativa
popular quedan prohibidas, incluida la iniciativa popular a la enmienda
constitucional; sólo se ofrece una modesta forma de petición colectiva
ante la Comisión Europea. En definitiva, la denominada Constitución Europea
despierta todas las alarmas del activismo demócrata.
Sin embargo, los acontecimientos de que se informa a continuación
nos han obligado, muy a nuestro pesar, a desplazar el centro de gravedad
de nuestra actividad, desde la campaña por el NO, al trabajo legal
para proteger los, en nuestra opinión, lesionados derechos de los
electores.
El gobierno ha desplegado una campaña institucional que, en nuestra
opinión, vulnera de forma flagrante el carácter neutral
y no partidario exigido por la ley. Los lemas utilizados ("Los primeros
con Europa" o "Una Constitución para Europa"), los
anuncios protagonizados por personas conocidas dando opiniones siempre
favorables a la constitución, y todo un cúmulo de irregularidades,
han transformado la consulta popular en un vulgar plebiscito. La ley contempla
estas campañas institucionales para fomentar la participación,
no para favorecer a una de las opciones.
El polémico comportamiento del Gobierno se ha reproducido en algunos
Gobiernos Autonómicos como el de Cantabria, y en otros poderes
públicos como la Federación de Municipios y Provincias.
Además, a pesar de la claridad de la legislación electoral,
determinadas personas jurídicas como la Comisión Europea,
o el Consejo General de la Abogacía Española, están
desarrollando actividades supuestamente informativas pero que, en nuestra
opinión, tienen una intención orientadora del voto a favor
del SÍ. A todo ello se añade el uso indiscriminado de emblema
y bandera, y el Gobierno creando una nada imparcial perspectiva cuando
afirma que la denominada Constitución Europea "constituye
un compromiso de Estado y trasciende las diferencias entre partidos políticos".
Con toda la documentación relacionada y la argumentación
legal correspondiente, Otra Democracia Es Posible presentó un recurso
ante la Junta Electoral Central (JEC), la cual acordó el día
19 de enero que el lema "Los primeros con Europa" merecía
ser reprobado. Desde tal fecha hasta hoy, el Gobierno y los organismos
públicos han incumplido de forma generalizada y reiterada el acuerdo
de la JEC, de tal forma que siguen exponiendo elementos prohibidos en
miles de sitios. Ante tal situación, sorprendentemente la JEC no
actúa de oficio, y no estima necesarias medida o sanción
alguna. |
Por todo ello, el 31 de enero presentamos
otro recurso en el que, a lo largo de 110 páginas, documentamos
los mencionados incumplimientos, e instamos a la JEC a actuar. Tal vez
el mayor informe en España sobre la situación de propaganda
ilícita. La respuesta de la JEC fue lacónica: “La
JEC acuerda: tomar conocimiento.”
Recuperados del estupor, el día 7 de febrero denunciamos ante el
Tribunal Supremo lo que consideramos una dejación continuada de
funciones por parte de las principales autoridades electorales.
Pero todavía quedaba alguna sorpresa. El 11 de febrero, antes de
pronunciarse, el Supremo emite una resolución por la que acuerda
abrir el máximo periodo de alegaciones posible: 10 días
hábiles. Cabe decir para contextualizar que, en casos como el que
nos ocupa, la ley faculta al Tribunal Supremo a abrir un periodo de alegaciones
con un plazo que va de uno a diez días o bien, cuando la urgencia
lo aconseje, a no abrir periodo alguno de alegaciones. El Tribunal Supremo
acuerda sí abrir periodo de alegaciones, y dotarlo del máximo
de los plazos previstos: diez días. Así, el mencionado periodo
finalizará el día 24 de febrero, cuatro días después
de la celebración del referéndum.
Ni las autoridades electorales, ni las instituciones judiciales han evitado
que una campaña institucional transformada en propaganda, convierta
la primera consulta popular después de casi veinte años
en un estéril plebiscito. Por ello, el colectivo Otra Democracia
Es Posible exige la dimisión de la Junta Electoral Central que,
en nuestra opinión, ha hecho dejación continuada de las
funciones que la ley le reserva: garantizar la trasparencia y objetividad
del proceso electoral y del principio de igualdad entre los actores electorales.
Nada hace más daño a los ideales de emancipación
democrática que la adulteración de las Libertades Políticas.
Más allá del insignificante desarrollo que la Democracia
Directa tiene en España, el descrédito popular que está
sufriendo el concepto de referéndum es difícilmente reversible.
Ya ocurrió cuando, en Junio del 2002, el Colegio de Farmacéuticos
de Valencia presentó la última Iniciativa Popular Legislativa
con casi el triple de las firmas necesarias, pero que fue rechazada a
trámite por todos los diputados.
La consecuencia inevitable, de la glosada cadena de irregularidades,
es que la credibilidad de nuestra democracia queda seriamente dañada.
En manos de la Junta Electoral Central está el protagonizar un
gesto democrático, presentando su dimisión y devolviendo
así a los electores la confianza perdida.
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